domingo, 6 de septiembre de 2009

La crisis duplica las deportaciones

LISTIN DAIRIO

LA COMUNIDAD DOMINICANA SE CONSIDERA AFECTADA POR LAS AUTORIDADES
Medida. Una mujer escucha la orden de desalojo en uno de los lugares más pobres de Puerto Rico.
Toa Baja Puerto Rico.- A medida que los empleos desaparecen a causa de la crisis financiera mundial, los gobiernos del Caribe están reprimiendo a los inmigrantes indocumentados que buscan trabajo.
La campaña subraya las profundas divisiones económicas en una región donde los dominicanos, haitianos y jamaiquinos pobres van en busca de mejor vida a islas de mayores recursos como las Bahamas, Antigua y Barbados.
Esa situación está causando divisiones entre los gobiernos, donde algunos acusan a otros de violar los principios de cooperación que la región trata de cimentar.
“Quieren intimidarnos”, se quejó Bianely González, de 32 años, una dominicana que vino a Puerto Rico hace una década en un bote de madera y que vive en un solo cuarto en un bloque de cemento.
En los territorios estadounidenses del Caribe y en Florida, que son los principales imanes para la inmigración, las deportaciones casi se han duplicado de 7,176 en el año fiscal 2006 a 13,622 el año pasado.
Campaña
El aumento se debe a una campaña de EEUU para deportar a los inmigrantes ilegales con pedidos de captura por delitos, dijo Iván Ortiz, un vocero de Inmigración y Aduanas en San Juan, que admitió que la campaña se debe en parte al debilitamiento de la economía estadounidense.
Otras islas no dieron cifras de deportación similares. Pero la crisis financiera ha azotado sus economías dependientes del turismo, obligando a los hoteles a cerrar o reducir su nómina. Este año las visitas turísticas han caído 9% en Barbados, 13% en Antigua y Barbuda y 15% en las Bahamas, según estadísticas de la Organización Caribeña de Turismo.
En Puerto Rico, Inmigración y Aduanas de EEUU -y no las autoridades puertorriqueñas- se encargan de hacer cumplir las leyes inmigratorias.
Pero los dominicanos dicen que eso no impide que la policía local los hostiguen o los entreguen a inmigración.
Unas 200 familias viven en el barrio de tugurios Villas del Sol en Toa Baja, entre ellos algunos de los 200,000 dominicanos en una isla con 4 millones de habitantes.
Las viviendas precarias de bloques de cemento y chapas -abandonadas hace una década debido a las inundaciones que provocó el huracán George- fueron ocupadas más tarde por inmigrantes y por puertorriqueños desamparados.
Las autoridades de Puerto Rico dicen que un intento por despejar la zona no tiene nada que ver con la economía.
Pero González, madre de cuatro niños, dijo que nadie intentaba desalojarla cuando su marido podía encontrar trabajos en construcción y jardinería. Sin servicios, ahora depende del agua potable que llega en tanques despachados por la oficina del alcalde local y una cocina a gas.
“Esto”, afirmó, “es discriminación”.
OTROS ABUSOS CONTRA LA COMUNIDAD CRIOLLA
Hace unos meses, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos reclamó al Departamento de Justicia puertorriqueño que atienda las reiteradas denuncias sobre abusos policiales que se estarían cometiendo contra la comunidad del país caribeño en Puerto Rico.
“Hace décadas que venimos denunciando este mal y hasta el momento ningún funcionario del Gobierno (...) ha hecho algo al respecto”, indicó en una carta el presidente del Comité, Esteban Reyes, al secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos.
En la misiva se señalaron algunos de los últimos casos de brutalidad policial contra dominicanos en Puerto Rico.