Por Danilo Valladares
GUATEMALA, (IPS) - La investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien en un vídeo había acusado de su muerte al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, dio sus primeros resultados: nueve sospechosos, entre ellos dos policías y un ex militar, fueron detenidos el viernes.Rosenberg --un prestigioso abogado graduado de las universidades de Harvard y Cambridge y vinculado al sector empresarial-- cayó abatido a balazos el 10 de mayo mientras se ejercitaba en bicicleta en un barrio de clase alta de la zona 14 de la capital.
"Ustedes pueden estar tranquilos, hoy su policía, su Ministerio Público (fiscalía) y sus Fuerzas Armadas han detenido a los asesinos en uno de los casos que no han conmovido sólo a Guatemala sino a toda la comunidad internacional", dijo el jurista español Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en una conferencia de prensa.
Según Castresana, fueron detenidos el ex agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y presunto máximo responsable de una organización criminal, William Gilberto Santos Divas, el agente de la PNC Mario Luis Paz y el ex militar Edwin Idelmo López, acusados de participar directamente en el asesinato del abogado.
Otros cuatro detenidos, Samuel Girón Tobar, José Armando Ruano Gaitán, Balmore Guzmán Orellana y Lucas José Santiago López fueron acusados de complicidad.
Más tarde fueron arrestados Alberto Santos Divas, hermano del jefe de la banda, y Carlos Aragón Cardona, agente de alta de la PNC, también involucrados en el crimen.
De acuerdo con información de la Cicig, este grupo se dedica a cometer extorsiones, secuestros, asesinatos y tráfico de drogas.
"No tenemos ningún testigo, pero sí irrefutables pruebas científicas", añadió el jefe de la Cicig --una institución independiente creada en acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)--, quien exhibió un vídeo en el que se aprecia un automóvil color negro persiguiendo a Rosenberg mientras montaba en su bicicleta.
La muerte generó un gran escándalo nacional e internacional, pues dos días antes el abogado había grabado un vídeo en el cual acusaba a Colom, a su esposa y a altos funcionarios de ser responsables de su muerte, además de participar en "negocios sucios" a través del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), de capital mixto y el tercero más importante del país.
"La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Mussa y de su hija Marjorie Mussa, quienes fueron cobardemente asesinados" el 14 de abril, y se negaron a encubrir negocios en esa "cueva de ladrones que es Banrural", dijo Rosenberg en la grabación.
El vídeo corrió como pólvora e inmediatamente provocó indignación y manifestaciones de rechazo a la violencia en este país. El propio presidente calificó este hecho como la más grave crisis de su gestión.
En los primeros cuatro meses de este año, 1.996 personas murieron de forma violenta (16 por día), según el Ministerio de Gobernación (interior).
El titular del Ministerio Público, Amílcar Velásquez, quien junto a Castresana ofreció detalles de las detenciones, eludió varias preguntas de los periodistas pues "no se pueden revelar más detalles de la investigación por razones de seguridad". Una de las preguntas se refiere a la vinculación de algún funcionario de gobierno con el crimen.
Velásquez y Castresana aseguraron que harán todos los esfuerzos necesarios para encontrar a los responsables intelectuales.
Organizaciones de la sociedad civil vieron en las detenciones de los supuestos autores materiales de la muerte de Rosenberg un paso importante para lograr justicia en este país centroamericano, donde la impunidad cobija 98 por ciento de los delitos.
"Me parece importante que en ese y en todos los casos, porque no debe ser el único que se debe investigar, se llegue a las últimas consecuencias", dijo a IPS el analista en seguridad Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala y nieto del laureado escritor Miguel Ángel Asturias.
Para Asturias, este caso demuestra que si hay capacidad política de las instituciones, el Estado de derecho puede funcionar. "Ese es el sentido del rol de la Cicig, ir dejando esa capacidad instalada para que instituciones como el Ministerio Público puedan desarrollar la investigación criminal", agregó.
A petición del gobierno, la Cicig fue creada en acuerdo con la ONU el 12 de diciembre de 2006 y ratificada por el parlamento el 1 de agosto de 2007. Comenzó sus actividades formales el 4 de septiembre de 2007, con el mandato de fortalecer el sistema de justicia, e investigar y ayudar a desarticular grupos ilegales y aparatos clandestinos que funcionan en este país.
Jorge Santos, coordinador del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, dijo a IPS que, con el apoyo de la Cicig, "el Ministerio Público ha dado pasos acelerados en su depuración y camina en una ruta de investigación criminal más efectiva y científica".
De acuerdo con el especialista, "es muy importante que los resultados derivados del apoyo de la Cicig logren incorporarse a la institucionalidad del país para que puedan funcionar bajo ese mismo criterio".
Organizaciones de derechos humanos alertaron acerca de la protección que requieren los arrestados en el caso Rosenberg. "El gobierno debe ahora garantizar que no vaya a ocurrirle nada a ninguno de los detenidos, pues de lo contrario se estaría perdiendo la oportunidad de llegar a los autores intelectuales", dijo a IPS el activista Mario Polanco, máximo dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo.
Polanco se refería al caso de los asesinatos de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y el chofer que conducía el vehículo en que viajaban, cometidos en Guatemala el 19 de febrero de 2007. Cinco policías fueron acusados y detenidos en relación con el caso, pero un día después de los arrestos todos fueron asesinados en la prisión, con lo cual se perdieron valiosos testimonios para la investigación.
Sin la presencia de la Cicig, las cosas no serían igual en este país, según el diputado del opositor Partido Patriota y miembro de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, Oscar Córdoba.
"Gran parte de los avances que se están dando en materia de seguridad y de aplicación de la justicia son por el trabajo de la Cicig", dijo Córdoba a IPS. El parlamento ha apoyado su labor aprobando la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el 4 de agosto pasado, recordó.
Los legisladores esperan que se avance en la investigación de otros miles de casos en manos de la fiscalía, en los que importa hallar y poner tras las rejas no solo a los autores materiales, sino también a quienes concibieron los delitos. (FIN/2009)
"Ustedes pueden estar tranquilos, hoy su policía, su Ministerio Público (fiscalía) y sus Fuerzas Armadas han detenido a los asesinos en uno de los casos que no han conmovido sólo a Guatemala sino a toda la comunidad internacional", dijo el jurista español Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en una conferencia de prensa.
Según Castresana, fueron detenidos el ex agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y presunto máximo responsable de una organización criminal, William Gilberto Santos Divas, el agente de la PNC Mario Luis Paz y el ex militar Edwin Idelmo López, acusados de participar directamente en el asesinato del abogado.
Otros cuatro detenidos, Samuel Girón Tobar, José Armando Ruano Gaitán, Balmore Guzmán Orellana y Lucas José Santiago López fueron acusados de complicidad.
Más tarde fueron arrestados Alberto Santos Divas, hermano del jefe de la banda, y Carlos Aragón Cardona, agente de alta de la PNC, también involucrados en el crimen.
De acuerdo con información de la Cicig, este grupo se dedica a cometer extorsiones, secuestros, asesinatos y tráfico de drogas.
"No tenemos ningún testigo, pero sí irrefutables pruebas científicas", añadió el jefe de la Cicig --una institución independiente creada en acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)--, quien exhibió un vídeo en el que se aprecia un automóvil color negro persiguiendo a Rosenberg mientras montaba en su bicicleta.
La muerte generó un gran escándalo nacional e internacional, pues dos días antes el abogado había grabado un vídeo en el cual acusaba a Colom, a su esposa y a altos funcionarios de ser responsables de su muerte, además de participar en "negocios sucios" a través del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), de capital mixto y el tercero más importante del país.
"La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Mussa y de su hija Marjorie Mussa, quienes fueron cobardemente asesinados" el 14 de abril, y se negaron a encubrir negocios en esa "cueva de ladrones que es Banrural", dijo Rosenberg en la grabación.
El vídeo corrió como pólvora e inmediatamente provocó indignación y manifestaciones de rechazo a la violencia en este país. El propio presidente calificó este hecho como la más grave crisis de su gestión.
En los primeros cuatro meses de este año, 1.996 personas murieron de forma violenta (16 por día), según el Ministerio de Gobernación (interior).
El titular del Ministerio Público, Amílcar Velásquez, quien junto a Castresana ofreció detalles de las detenciones, eludió varias preguntas de los periodistas pues "no se pueden revelar más detalles de la investigación por razones de seguridad". Una de las preguntas se refiere a la vinculación de algún funcionario de gobierno con el crimen.
Velásquez y Castresana aseguraron que harán todos los esfuerzos necesarios para encontrar a los responsables intelectuales.
Organizaciones de la sociedad civil vieron en las detenciones de los supuestos autores materiales de la muerte de Rosenberg un paso importante para lograr justicia en este país centroamericano, donde la impunidad cobija 98 por ciento de los delitos.
"Me parece importante que en ese y en todos los casos, porque no debe ser el único que se debe investigar, se llegue a las últimas consecuencias", dijo a IPS el analista en seguridad Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala y nieto del laureado escritor Miguel Ángel Asturias.
Para Asturias, este caso demuestra que si hay capacidad política de las instituciones, el Estado de derecho puede funcionar. "Ese es el sentido del rol de la Cicig, ir dejando esa capacidad instalada para que instituciones como el Ministerio Público puedan desarrollar la investigación criminal", agregó.
A petición del gobierno, la Cicig fue creada en acuerdo con la ONU el 12 de diciembre de 2006 y ratificada por el parlamento el 1 de agosto de 2007. Comenzó sus actividades formales el 4 de septiembre de 2007, con el mandato de fortalecer el sistema de justicia, e investigar y ayudar a desarticular grupos ilegales y aparatos clandestinos que funcionan en este país.
Jorge Santos, coordinador del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, dijo a IPS que, con el apoyo de la Cicig, "el Ministerio Público ha dado pasos acelerados en su depuración y camina en una ruta de investigación criminal más efectiva y científica".
De acuerdo con el especialista, "es muy importante que los resultados derivados del apoyo de la Cicig logren incorporarse a la institucionalidad del país para que puedan funcionar bajo ese mismo criterio".
Organizaciones de derechos humanos alertaron acerca de la protección que requieren los arrestados en el caso Rosenberg. "El gobierno debe ahora garantizar que no vaya a ocurrirle nada a ninguno de los detenidos, pues de lo contrario se estaría perdiendo la oportunidad de llegar a los autores intelectuales", dijo a IPS el activista Mario Polanco, máximo dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo.
Polanco se refería al caso de los asesinatos de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y el chofer que conducía el vehículo en que viajaban, cometidos en Guatemala el 19 de febrero de 2007. Cinco policías fueron acusados y detenidos en relación con el caso, pero un día después de los arrestos todos fueron asesinados en la prisión, con lo cual se perdieron valiosos testimonios para la investigación.
Sin la presencia de la Cicig, las cosas no serían igual en este país, según el diputado del opositor Partido Patriota y miembro de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, Oscar Córdoba.
"Gran parte de los avances que se están dando en materia de seguridad y de aplicación de la justicia son por el trabajo de la Cicig", dijo Córdoba a IPS. El parlamento ha apoyado su labor aprobando la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el 4 de agosto pasado, recordó.
Los legisladores esperan que se avance en la investigación de otros miles de casos en manos de la fiscalía, en los que importa hallar y poner tras las rejas no solo a los autores materiales, sino también a quienes concibieron los delitos. (FIN/2009)
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