Bandas criminales roban la paz de América Latina

listin diario Equipo periodístico del Grupo Diarios de América (GDA)-
El inusitado crecimiento de bandas criminales dedicadas al atraco, la venta de drogas, el hurto de vehículos y el sicariato, entre otros, han convertido las calles de las principales ciudades de América Latina en espacios donde ronda el miedo.Un equipo de periodistas  de los 11 periódicos del Grupo Diarios de América (GDA, wwww.gda.com) hace un perfil de lo que está pasando y de las alternativas planteadas para combatir el hampa.
Con el mismo vértigo con que las ciudades latinoamericanas han crecido en el último medio siglo, han crecido el crimen y la violencia en ellas. El homicidio, el hurto de vehículos, el atraco a mano armada, la venta de drogas o el llamado secuestro exprés encabezan las listas de los males que hoy golpean, en mayor o menor escala, a las capitales de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Puerto Rico, Uruguay, Perú y Venezuela.
Los gobiernos parecieran no dar abasto para combatir las estructuras criminales que cada vez lucen más organizadas, mejor armadas y con un accionar más violento, fruto, en muchos casos, del enorme poder corruptor que poseen y de las grietas que en el aparato judicial dejan la impunidad y la falta de justicia.
Aunque las cifras no son avaladas por el Gobierno Nacional, datos extraoficiales indican que para el 6 de junio de 2009, 371 personas habían sido plagiadas en Caracas, y se estima que ese número podría llegar a 800 a finales de año. En otras ciudades, como San Juan de Puerto Rico, es el fenómeno del narcotráfico el que tiene en alza el número de homicidios: 20,4 por cada 100 000 habitantes, el segundo más alto de EE.UU., después de Washington, y con posibilidades de que crezca este año.
Contrario a lo que pueden reclamar otras capitales del continente, en San Juan no es la falta de policías lo que justifica los crímenes. Allí existe un policía por cada 233 habitantes (Naciones Unidas recomienda uno por cada 250 personas), muy superior a lo que sucede en Bogotá, donde la media es de un agente por cada 470 personas.
La estrecha relación entre narcotráfico y violencia parece haber encontrado terreno abonado y está dejando secuelas preocupantes  en México. A los 547 delitos que en promedio se denuncian cada día, se suma el poder criminal de los grandes carteles de la droga que han instalado en el Distrito Federal su residencia, su negocio y su poder destructor. En México, al igual que en Colombia, los grupos de narcotraficantes y organizaciones criminales se han apoderado de otros negocios legales e ilegales como la piratería, la extorsión, la prostitución, las apuestas, los juegos de azar, el tráfico de indocumentados y hasta la protección de barrios.
Analistas y expertos intentan hallar una explicación para el azote criminal del que son víctimas las ciudades y de la percepción de inseguridad que agobia a sus habitantes. Pese a que hay fenómenos propios de cada capital que explican el porqué de un mayor accionar de cierto tipo de delitos -en Caracas, por ejemplo, se culpa a la ‘crisis institucional’, un denominador común para el surgimiento de grupos delincuenciales son las precarias condiciones socioeconómicas de los ciudadanos, particularmente los jóvenes.
“En una sociedad que maltrata mucho a adolescentes y jóvenes con procesos de segregación fuerte, no es casualidad que sean ellos quienes reproduzcan ciertos fenómenos de la criminalidad”, señala Rafael Paternina, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior de Uruguay.
En el caso puertorriqueño el consumo de droga y la “transmisión generacional de la violencia” han golpeado la escala de valores de la sociedad y han sembrado el miedo entre la población, a tal punto que hoy la gente prefiere invertir en rejas para sus viviendas y encerrarse como en las “épocas medievales”, explica Sonia Sierra, directora de la división de Protección de Víctimas y testigos del Departamento de Justicia.
Corrupción
La corrupción en el interior de los organismos de seguridad no solo se expande como un cáncer que facilita el accionar de los delincuentes sino que llena de dudas y temor a una sociedad que deja de confiar en quienes, constitucionalmente, están llamados a protegerla.
En Río de Janeiro, dos jefes de la Policía Civil fueron despedidos y responden a procesos por corrupción; en Caracas, el propio ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, admitió que funcionarios de la Policía están involucrados en el 20%  de los delitos que se cometen; mientras que en Buenos Aires se denunció que en el pasado, para ser jefe de una comisaría de Policía, se tenía que pagar a los ‘desarmaderos’ de carros.
La falta de políticas públicas que combatan eficazmente el crimen en las calles ha llevado a que cada vez más ciudadanos estén ejerciendo justicia por mano propia, lo cual agrava el problema, como de hecho ha sucedido en Uruguay. Allí el homicidio tuvo un incremento del 30%, en la mayoría de los casos debido a la violencia intrafamiliar y a los ajusticiamientos en comunidades.
El tema está a la orden del día, hace parte de la agenda de las campañas presidenciales que hoy se desarrollan en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia.
Desde los gobiernos locales y nacionales se plantean alternativas bien intencionadas que, sin embargo, no atacan el origen del problema. Hay que partir del reconocimiento de que las urbes de hoy no son las mismas de hace tres décadas y que demandan nuevas estrategias, recursos y creatividad para hacerles frente a estos males de las ciudades modernas; ciudades que, como en el poema de Kavafis, por más que lo intentemos, estamos condenados a habitarlas. “Aquí terminarás, no esperes nada mejor”.
Toman la justicia en sus propias manos
Un cadáver estaba tirado boca abajo en una esquina del parque central de la parroquia rural Patricia Pilar, del cantón Buena Fe (Los Ríos, Ecuador). En medio de la penumbra, por la falta de luminarias, los moradores encontraron el cuerpo la noche del pasado 16 de julio.
La víctima presentaba cuatro heridas de cuchillo en el pecho y en el brazo izquierdo. La Policía identificó el cadáver; se trataba de Luis Reina, de 20 años.
Según testigos, había sido atacado, minutos antes, por un hombre al que Reina le había robado su celular y no se lo quiso devolver, pese a su insistencia.
“Ese señor le pedía el teléfono, pero él no se lo quería dar sino que se lo pasó a su acompañante. Intentó salir corriendo pero lo alcanzó, lo agarró de la camiseta y lo apuñaló varias veces...”, dijo un testigo que  solamente se identificó como ‘Alberto’, por temor.
Reina supuestamente ya le había robado anteriormente a su agresor un dinero de su domicilio, según contó el curioso.
Muy cerca de allí, cinco días después, Cristhian Navarrete y Carlos Trujillo perdieron una computadora portátil y USD 280. Cuatro sujetos los asaltaron cuando viajaban en un bus de la cooperativa Aerotaxi de Guayaquil a Quito. Los delincuentes iban entre los pasajeros y utilizaron picos de botellas para amenazarlos y cometer el delito.
Ambos casos son parte de los 319 homicidios y los 100 asaltos a buses que se han reportado en la Policía en los últimos 29 meses en Buena Fe y sus alrededores.
Estos delitos son los que más preocupan a los pobladores y autoridades del cantón, por la violencia con la que se ejecutan. Ni la Policía ni la Fiscalía tienen estadísticas de los niveles de inseguridad que se reportan en Buena Fe.
Los funcionarios de esas dependencias se respaldan en las cifras que tiene Quevedo, donde hasta el 26 de mayo pasado se presentaban las denuncias de la jurisdicción de Buena Fe.
Pero, allí, los datos están mezclados con los de otros cantones como Quevedo, Mocache y Valencia, también de Los Ríos.
“Buena Fe tenía un alto índice de delitos y es por eso que se creó la oficina de la Policía Judicial y una de la Fiscalía para trabajar coordinadamente...”, explicó Flor Ferrín, fiscal que está a cargo de la oficina que se abrió el 27 de mayo anterior en esa población.
En los dos primeros meses de funcionamiento, la Fiscalía de Buena Fe ha reportado (entre el 28 de mayo y 27 de julio pasado) 6 homicidios y 56 robos.
Entre ellos están los atracos a los buses. Los reportes de la Policía indican que las cooperativas Aerotaxi y Zaracay son las que más asaltos tienen durante sus recorridos entre Quito y Guayaquil. Sus unidades recogen usualmente pasajeros en todo el trayecto.
Los delitos ocurren entre las 22:00 y las 02:00, principalmente en los sectores de  Patricia Pilar, Los Ángeles y el km 23 de la vía a Quevedo. Se reportan entre dos y tres casos por semana.
“Los delincuentes son generalmente jóvenes que reciben unos USD 30 por cada asalto. Escapan siempre en un vehículo que los espera en la carretera”, contó un agente de la Policía que sabe de la situación, pero que reconoce que es difícil controlarla.
Jesús Valencia, un morador de la zona, cree que los miembros de esas bandas llegan de otros sectores a cometer los atracos porque las vías son oscuras en las noches y tienen poca vigilancia policial, pese a que en la zona está la Escuela de Formación de Policías.
Requisas
Los gendarmes hacen requisas a los pasajeros de los buses. “No hay muchos patrullajes aunque sí hacen controles. Pero los delincuentes saben dónde los realizan y los evitan para no ser descubiertos...”, manifestó Valencia.
César Manzo, fiscal distrital de Los Ríos, manifestó que esos asaltos son parte de las estrategias que adoptan los delincuentes en busca de oportunidades para obtener dinero fácil. “Ellos ven que la carretera no tiene mayor vigilancia y hay una circulación elevada de pasajeros y de carga. Por eso piensan  que tienen mayor posibilidad de realizar los delitos que planifican. No se ha podido determinar aún la cantidad de bandas que operan...”, expresó Manzo.
Pero Roosevelt Albán, jefe del Comando policial de Quevedo, indicó que buscan atenuar la situación con operativos y controles en el camino. “Estoy sacando a todo el personal y los hago subir a los buses para que registren a las personas... También hacemos controles a los motociclistas, vehículos...”, contó el oficial.
Otro de los delitos que llama la atención de la población son las muertes violentas, tipo  sicariato, que son cometidas por personas que andan en motocicletas, disparan a su objetivo y escapan de la escena del crimen. “Hay mucho sicariato, acá la gente mata por cualquier cosa”, dijo  Julio Zambrano, morador de Buena Fe.
Ferrín explicó que han habido asesinatos con esa modalidad, pero en las investigaciones no se ha podido determinar que sea sicariato, o muerte por encargo que se realiza a cambio de una cantidad de dinero. “Cuando hay un caso los familiares de las víctimas y los testigos no colaboran en la investigación”, señaló la fiscal.
ALGUNAS MEDIDAS PARA EL CONTROL
México
Se concretó la reforma penal que establece que las autoridades locales son competentes para combatir el ‘narcomenudeo’, a fin de que las autoridades federales se enfoquen en la distribución al por mayor.
Venezuela
Para frenar los asaltos en el transporte público, se puso en marcha el plan Ruta Segura, que incluye la presencia de militares dentro de los buses y en las paradas.
Argentina
Para disminuir los robos se atacó el comercio de los autopartes y los ‘desarmaderos’ de vehículos.
Ecuador
En junio los ministerios de Gobierno y Defensa suscribieron el Acuerdo Interministerial 001, que prohíbe el porte de armas, con o sin permiso de tenencia, en los espacios públicos.
Chile
Las autoridades implementaron los Tribunales de Tratamiento de Drogas. La iniciativa deriva al imputado a un programa de rehabilitación bajo la supervisión de un juez, para reinsertar a los farmacodependientes.
Los controles
Cuatro comunidades fueron ocupadas por una masiva fuerza policial. La Policía y la Armada Nacional realizarán operativos conjuntos en el Cantón General Villamil Playas, en la provincia de Guayas.
Esta resolución responde al alto índice de inseguridad que afecta a la zona. Los moradores han denunciado que grupos delictivos han puesto en vilo a la ciudadanía. Todos los días se reportan denuncias de atracos.
Fiscales
Dos fiscales trabajan en el cantón General Villamil Playas. Ellos empezaron a laborar el jueves pasado.
Según Kléber Henríquez, jefe del Comando policial de General Villamil, la mayoría de delitos se cometen en la playa, por lo que se coordinará con la Marina para ejecutar controles y realizar operativos de prevención en el lugar.
Asimismo, como parte de las acciones conjuntas para mejorar la seguridad, se creó una oficina de la Fiscalía en el cantón.
La dependencia está ubicada en el km 1,5 de la vía a Data. Allí trabajan desde el viernes pasado los fiscales Carmen Martínez y Jackson Lima.
No obstante, todavía no se ha creado un Juzgado de Garantías Penales en la zona, en donde se puedan tramitar los procesos judiciales que se inicien.
Esto ha sido una solicitud continua del Municipio de General Villamil, pues el tener un Juzgado Penal “agilizará las acciones en contra de la delincuencia y se podría evitar que los maleantes salgan libres, luego de ser detenidos por la Policía”, aseguró Michel Achi, alcalde del cantón.

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